En las últimas décadas hemos avanzado mucho respecto a la situación de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad. Hasta en el lenguaje. Durante buena parte del pasado siglo se hablaba en términos muy despreciativos: inválidos, inútiles, retrasados… Luego, suavizando semejante nivel de atrocidad, se pasó a minusválidos, que tampoco era ni amable ni justo, y más tarde a discapacitados, que es el que reconoce la ONU desde el año 2006.
En las leyes ha sucedido lo mismo, entre 1982 y 2013 estuvo vigente la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), sustituida a finales de 2013 por la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Esta señala como objetivo, “garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción y la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de cualquier forma de discriminación”.
Entre los principios de esta ley se incluyen el respeto a la dignidad y la autonomía personal, la vida independiente, la no discriminación, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la igualdad entre mujeres y hombres, la accesibilidad universal, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad o la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
Vida independiente
Como decía con anterioridad, también la terminología se ha ido modificando. Hoy, poco a poco, se ha ido abriendo paso el uso de “personas con diversidad funcional”, propuesto por el Foro de Vida Independiente, lo que elimina cualquier tipo de tratamiento peyorativo.
Javier Romañach (licenciado en Informática), y Manuel Lobato (técnico y asesor en accesibilidad, productos de apoyo y TIC, fallecido en 2009), ambos con tetraplejia, integrantes del Foro de Vida Independiente, fueron de los principales impulsores de este cambio de denominación. Se trata, señalaban en un artículo explicativo de las razones por las que lo defendían, “de la primera denominación de la historia en la que no se da un carácter negativo ni médico a la visión de una realidad humana, y se pone énfasis en su diferencia o diversidad, valores que enriquecen el mundo en que vivimos”.
Aseguraban, por otra parte, que los términos limitados o despectivos “juegan un papel fundamental en el refuerzo de la minusvaloración y, por lo tanto, en el mantenimiento de la discriminación”.
Esa denominación global se aplica luego a los distintos casos: diversidad funcional auditiva, diversidad funcional física, diversidad funcional visual, etcétera.
En su artículo De la discapacidad a la diversidad funcional: más allá del lenguaje, publicado en 2012, Santiago Gil González, fundador de TecnoAccesible y consultor con amplia experiencia en el campo de las tecnologías de apoyo y la teleatención sociosanitaria, asegura que “la situación de la terminología utilizada en Internet va mejorando, aunque todavía queda un largo camino por recorrer, como podemos ver en los resultados de búsqueda realizados con Google:
“Minusválidos: 1.570.000
Discapacitados: 19.600.000
Personas con discapacidad: 65.100.000
Personas con diversidad funcional: 751.000”
Hice la prueba recientemente, y arrojó los siguientes resultados: personas con diversidad funcional aparece con 4.150.000, pero siguen primando las otras denominaciones, discapacitados y “personas con discapacidad”. Y continúa “minusválidos” e incluso, aunque con mucho menos peso que antaño, “inválidos”.
Ley de dependencia
El avance no ha sido solo en la terminología. También en las leyes que se han ido aprobando, especialmente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, aunque su aplicación haya sufrido numerosos altibajos, por razones presupuestarias y, también, de mala gestión. De manera muy significativa en Canarias, que aparece siempre a la cola en los estudios que realiza de forma periódica la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Se ha mejorado mucho, asimismo, en la accesibilidad y la movilidad en el transporte público, como ocurre en las guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria. En estos momentos toda la flota, casi 250 vehículos, dispone de rampas de acceso para personas en sillas de ruedas o con dificultades de movilidad. Además, según señala la empresa, se ha mejorado en los últimos años la señalización especial “para favorecer la accesibilidad al transporte público de los discapacitados visuales en las paradas dobles incorporadas hace varios ejercicios a la red. La compañía municipal, en un proyecto elaborado en colaboración con la ONCE y la Asociación de Usuarios de Perros-Guía de Canarias (Aupcan), dispone de encaminamientos en las aceras para facilitar la localización de los puntos de parada. Algunos ejemplos de esto se pueden localizar en paradas como la de Olof Palme, 40; Luis Doreste Silva, 50; Blas Cabrera Felipe, junto a la ciudad deportiva Martín Freire o en la plaza de la Constitución, frente al Obelisco”. Asimismo, la empresa pública ha instalado un servicio de audio en sus paradas “que funciona mediante un mando a distancia que proporciona información sobre el paso de las líneas en 62 paneles de paradas de guaguas”, reproduciendo la información que se muestra en la pantalla.
En definitiva, con más lentitud de la que demandan las personas afectadas, se han ido dando pasos muy relevantes en el camino de lograr una de sus mayores aspiraciones: tener los mismos derechos civiles, opciones y control sobre sus vidas que el resto de los ciudadanos y ciudadanas.
Las cifras oficiales indican que en España hay 2,9 millones de personas con diversidad funcional; aunque los textos oficiales siguen hablando, por ahora, de discapacidad, agrupada en ortoarticular, visual, auditiva, neuromuscular, intelectual, etcétera. Según un informe de la ONCE, de esos casi tres millones solo el 25% accede al empleo y de los que logran encontrar trabajo, un 13% se encuentra en situación de pobreza o exclusión social.
En el último informe del Imserso, publicado el 30 de diciembre de 2016, se señala que tienen la consideración de discapacidad 2.998.639 personas en España, de las cuales 1.492.946 son hombres y 1.505.645 son mujeres; esto supone el 6,4% de la población total española. Los porcentajes más altos, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se dan en Asturias (11,74%), que duplica la media estatal, Murcia (10,92%) y Cantabria (8,14%). Los más bajos en Madrid (4,9%), Navarra (4,84%) y Baleares (4,70%).
En ese mismo documento las cifras de Canarias ascienden a casi 105.000, un 5% de la población de las Islas, más de un punto por debajo de la media española.
Sin embargo, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias (Cermi) asegura que según datos del Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC) viven en Canarias más de 170.000 personas con algún tipo de discapacidad o problema de salud mental reconocida.
Siguen teniendo muchas más dificultades de acceder a un empleo y la crisis les golpeó duramente. Según el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet) solo una da cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo y su tasa de desempleo se duplicó entre 2008 y 2013. Señalan, además, que la mayoría de las empresas de más de 50 trabajadores incumplen la cuota de reserva del 2% que establece la legislación.
Rampa
Pero como en otros aspectos de la existencia no todo es cuestión de leyes ni de palabras, sino de hechos. Muchos obstáculos, desgraciadamente, permanecen. A veces es la ausencia de una rampa. En otras ocasiones, consiste en una puerta o un ascensor que dificulta el paso de una silla de ruedas. Y en muchos otros casos las barreras son mentales, por parte del conjunto o, al menos, de una parte importante de la sociedad.
Las puertas de la integración que, poco a poco se han ido abriendo en este país tras una eterna historia de olvido y marginación, de barreras visibles e invisibles que impedían la más mínima autonomía personal, deben servir hoy para construir una sociedad más justa, con mayor equidad, en la que nadie se quede atrás.
Evolución histórica
En un artículo publicado en la Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, Agustina Palacios y Javier Romañach analizan la evolución histórica del tratamiento de la diversidad funcional. Distinguiendo entre tres modelos o momentos:
- Prescindencia. Se ven como causas que dan origen a la diversidad funcional tienen un origen religioso. Y como respuestas se plantean las políticas eugenésicas o las que suponen su completa marginación, “con un denominador común marcado por la dependencia y el sometimiento, en el que asimismo son tratados como objeto de caridad y sujeto de asistencia”.
- Rehabilitador. Causas científicas. El objetivo sería normalizar a las mujeres y hombres que son diferentes, siendo imprescindible “rehabilitar a las personas, y el éxito se valora según la cantidad de destrezas y habilidades que logre adquirir el individuo”.
- Social. Causas sociales. Según los planteamientos de este modelo, “las personas con diversidad funcional pueden contribuir a la comunidad en igual medida que el resto, pero siempre desde la valoración y el respeto de su condición de personas diferentes”. Este modelo reivindica la autonomía personal para decidir sobre su vida, ”eliminando cualquier tipo de barrera para hacer posible una adecuada equiparación de oportunidades”.
Los autores proponen un nuevo modelo superador de los anteriores, que en vez de la capacidad tiene como eje la dignidad. “En este nuevo modelo, el modelo de la diversidad, se parte de la realidad incontestable de la diversidad del ser humano, tanto dentro de su propia vida como de un ser humano a otro, y considera que ésta es una fuente de riqueza”.
Cambia la realidad, no el nombre
Sin embargo, como en casi todo, no hay unanimidad. Al menos sobre cuál es la más correcta denominación. Hace apenas un año, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias (Cermi Canarias) señalaba que reivindica “el concepto personas con discapacidad, a raíz del uso, cada vez más habitual por parte de administraciones, entidades y particulares, del término personas con diversidad funcional para referirse a las personas con discapacidad”.
Asegura que personas con discapacidad es socialmente reconocido y es el que figura en la correspondiente Convención de Naciones Unidas, así como en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Entiende, asimismo, que personas con diversidad funcional constituye un término ambiguo y que puede llevar a la confusión, temiéndose que sirva para esconder la realidad de las personas afectadas, para invisibilizarlos. Por eso, impulsaron el lema No nos cambies el nombre, ayúdanos a cambiar la realidad.
Fuente: El Diario