La ciudadanía podrá a partir de ahora denunciar por la vía administrativa y judicial, como actualmente sucede con el Servicio Canario de Salud, cualquier incumplimiento por parte de las administraciones públicas a una prestación o servicio a los que tenga derecho en virtud de la ‘cartera’ incluida en la futura Ley de Servicios Sociales.
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Ese es el objetivo de una de las enmiendas presentadas por la formación morada y que ha sido aceptada este jueves durante la primera reunión de la ponencia parlamentaria que está debatiendo la Ley de Servicios Sociales que será aprobada a finales de 2018 y a la que han asistido la portavoz, Noemí Santana, y la presidenta del Grupo, María del Río.
De esta manera, el acceso a las prestaciones y servicios del futuro Sistema Canario de Servicios Sociales se configura, tal y como ha propuesto Podemos Canarias, “como un derecho subjetivo dentro del marco de los requisitos generales de acceso” al mencionado sistema y de los “requisitos de acceso específicos que se regulen para cada prestación o servicio”.
Tutela judicial Por tanto, “las personas titulares podrán reclamar en vía administrativa y judicialmente” el “cumplimiento del derecho a las prestaciones y servicios que reconoce” la presente ley que se está tramitando.
Según la formación morada la “tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas que sean necesarias para poner fin a la vulneración” del derecho a la
prestación o servicio, “así como para restablecer a la persona perjudicada en el ejercicio pleno del mismo”.
Esta enmienda aceptada se presentó al objeto “reconocer la universalidad en el acceso a los servicios sociales” y la consecución de lo que se ha denominado el ‘cuarto pilar’ del Estado del Bienestar, junto con la salud, la educación y los sistemas nacionales de la dependencia y de las pensiones.
Fuente: El Diario