sábado, mayo 21, 2022

Canarias saca del limbo de la dependencia en marzo a 890 personas, pero quedan 9.500

La directora del área, Marta Arocha, afirma que se trata de «una cifra histórica» y confía en «mantener» el ritmo de altas durante este año

10.411 personas en Canarias tenían en febrero el derecho reconocido a recibir una prestación de dependencia, pero no recibían ninguna ayuda porque no se había formalizado su plan individualizado de atención (PIA). En marzo ese limbo se ha reducido en 890 personas -un 8,5%- una cifra «histórica» reconoció ayer la directora general del área, Marta Arocha.

«Es el mes en el que más altas hemos hecho, en el que más personas han recibido una prestación en la historia de Canarias. Estamos satisfechos y, aunque somos prudentes, parece que empezamos a ver la luz gracias a las medidas que estamos adoptando», afirmó.

«Con Patricia Hernández se llegaron a dar en un mes 500 altas, pero 890 es la primera vez. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo del personal que lo está dando todo, están muy motivados e ilusionados por poner a Canarias donde se merece», resaltó. Cabe recordar que el archipiélago es una de las regiones con peores cifras en atención a la dependencia y mayor número de personas en el limbo.

LA CLAVE: La contratación de 50 personas y la orden de priorizar las ayudas directas

El éxito del mes de marzo se debe a varias causas, añadió Arocha. Por un lado a la contratación de 50 trabajadoras sociales que se han incorporado a la Dirección General de Dependencia y, por otro, señaló Arocha, « gracias a la instrucción que sacamos a finales de enero donde se priorizaban las prestaciones económicas para cuidados tanto en el entorno familiar como las vinculadas al servicio, a las que se les está dando mucha importancia ya que son generadoras de empleo. Debemos ir por esa vía hasta que consigamos más infraestructuras», añadió la responsable de Dependencia.

Arocha recordó que los cabildos están «trabajando» en el segundo plan de infraestructuras y espera que entre este año y 2023 «ya estén en funcionamiento». Además, se está «fomentando muchísimo la ayuda a domicilio y la promoción de la ayuda para la autonomía personal. Vamos a ampliar con los cabildos las horas de ayuda a domicilio para abordar todo el catálogo de servicios que nos permite la ley y estamos haciendo un seguimiento estricto de la ocupación de la ocupación plazas de los cabildos, las listas de espera y la ocupación de plazas», añadió.

Canarias presenta un «retraso muy importante» con respecto a otras comunidades en la ayuda a domicilio, por eso, señala Arocha, se está «recogiendo en los convenios de dependencia que firmamos con los cabildos insulares. Hay que potenciarla. La filosofía de la ley de dependencia es mantener a la persona dependiente en su entorno durante el mayor tiempo posible con buenas ayudas a domicilio centros de día, por eso hay que potenciarla».

También la teleasistencia, «que es una prestación muy importante que deberían tenerla todos los canarios y canarias dependientes, salvo quienes estén en una residencia. Es la prestación mejor valorada de todas porque es preventiva, ayuda a las personas a sentirse acompañadas y es muy útil porque no solo evita la soledad sino que se detecta cualquier situación de peligro».

Hasta febrero en Canarias recibían ayuda a domicilio solo 189 dependientes, representando el 0,65% de las prestaciones; y la teleasistencia 1.082 personas, el 3,74%. En ambos casos Canarias es la última comunidad española.

Este mes, además, se han otorgado 1.085 prestaciones -una persona puede recibir más de una ayuda-. En total hay 27.736 personas beneficiarias, pero quedan en el limbo 9.521.

«Si siguiéramos el ritmo de marzo podemos tener un año 2022 muy importante para la dependencia», dijo Arocha, quien confió en mejorar aún más las cifras gracias al encargo a la a Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, que depende de la Consejería de Derechos Sociales.

Gracias a este encargo Dependencia contará con la ayuda de otras 18 trabajadoras que se acaban de formar para elaborar el informe social y el cálculo de la capacidad económica para proponer planes de atención, lo que agiliza el procedimiento aunque Dependencia revise dichas porpuestas. Para este fin se destinan 650.000 euros.

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