Canarias incorpora sus singularidades a las conclusiones del Consejo Territorial del Sistema para la atención a la Dependencia

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, dio cuenta en sede parlamentaria de los acuerdos alcanzados en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Dependencia

“Canarias ha conseguido que la aportación que hacen Cabildos y Ayuntamiento a los sistemas de Dependencia sea considerado en el cómputo global de las aportaciones al sistema, siendo éstas además con delegación compartida, y no sólo los que realiza la comunidad autónoma”, explicó en sede parlamentaria la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, en relación a la convocatoria extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrada el pasado 18 de octubre en Madrid.

La consejera aclaró que se incorpora al análisis el incremento de costes por la lejanía e insularidad, y que se acordó, en relación a la nueva versión del aplicativo de gestión SISAAD, la incorporación en la lista de espera de servicio público, una resolución de Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio condicionada a la contratación de un servicio privado acreditado o cualquiera otra que no implique la financiación del Estado, “para que se puedan contemplar en el aplicativo de gestión como resueltos para que en las estadísticas que se obtengan en los cruces de datos aparezca la información real sobre la situación del expediente”.

En esta convocatoria, en la que el único punto del orden del día fue la presentación del Informe elaborado por la Comisión para el Análisis de la situación del Sistema de la Dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, se abordó la necesidad de que el Estado participe de manera finalista en esta financiación. En este sentido, Valido aclaró que, “aunque no hay un acuerdo aún sobre financiación con el Estado, la ministra del área se ha comprometido a enviar el informe a la comisión de análisis del sistema de financiación autonómico”.

Según aclaró, “en la redacción de ese informe se han implicado todas las Comunidades Autónomas, incluida la canaria y los miembros del grupo de trabajo han sido felicitados por la capacidad de diagnóstico y consenso alcanzado. Y, como conclusión inicial, se puede señalar que hubo un acuerdo generalizado sobre la necesidad de recuperar el nivel de financiación anterior a 2012”.

En este sentido, incidió en que “si partimos de un escenario de recuperación económica, ésta debe llegar también la financiación del sistema. Recuperar las cuantías del nivel mínimo anteriores a los recortes de 2012 y abrir la puerta a incrementos en la financiación del Estado son asuntos básicos para poder afrontar los enormes retos que tenemos por delante y que, en el caso de Canarias, son mayores porque estamos en el proceso de acometer el segundo Plan Canario de Infraestructuras Sociosanitarias que permitirá, entre otros aspectos, disminuir las listas de espera de los servicios públicos”.

En cuanto a la financiación, Valido aclaró que “el informe también propone hacer un estudio del impacto del Sistema de Dependencia en la economía, de tal manera que se establezca el gasto de la financiación y sus retornos en riqueza en forma de empleo y dinamización de la economía”.

En su intervención, la responsable del área de Dependencia señaló que “una de las cuestiones de fondo que pone de manifiesto el informe es la necesidad de abordar las listas de espera y el equilibrio entre las prestaciones y los servicios. Y puesto que existen diferencias sustanciales entre las distintas Comunidades Autónomas que hacen que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sea diferente, se propone introducir nuevos elementos de estimación de la dependencia real, más allá de los datos estrictamente poblacionales”.

“Por lo tanto, el informe supone un avance importante que permitirá definir el futuro del Sistema, en el que se considera al usuario en el centro de cualquier decisión administrativa. Se trata, pues, de un asunto importante para el usuario dependiente, puesto que se asegura que el sistema de financiación debe tener en cuenta el coste de los servicios y de las prestaciones y sin exigir más aportaciones a los usuarios, a la par que se contempla la necesidad de respetar la voluntad de las personas dependientes a la hora de elegir el recurso. En definitiva, se pone de manifiesto que el presupuesto debe adaptarse al derecho subjetivo y no al contrario”, concluyó.

Fuente: Gobierno de Canarias

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