jueves, marzo 28, 2024

“Lo que pasó el 8 de marzo debe cambiar las agendas y prioridades”

Tras ser casi la principal voz de CC en la huelga de mujeres del pasado jueves, Cristina Valido, consejera del área social, hace balance aquí de una jornada que cree ya un punto de inflexión mundial que debe “cambiar las agendas y prioridades”, si bien defiende lo que está haciendo el Gobierno regional y no anuncia nuevas medidas. Además, repasa el resto de actualidad de un departamento que presenta como muy complejo y con claro déficit de trabajadores.

¿Qué balance del 8 de marzo?

Me pareció una jornada muy emocionante por muchos motivos. Primero, porque ver la respuesta de tantas mujeres, de forma tan masiva y de tantos lugares, te da mucha satisfacción por las muchas dispuestas a seguir luchando, sobre todo teniendo en cuanta que muchas otras no pueden hacerlo.

¿Esperaba una respuesta menor en las Islas o no?

Presumía que iba a ser un éxito porque vas testando un poco lo que ves en redes sociales, la posición de colectivos importantes, como las mujeres periodistas, que se posicionaron claramente en todo el Estado? Esas opiniones mayoritarias conducen a que es necesario parar. Había un ambiente que invitaba a pensar que iba a ser un éxito, como, de hecho, lo ha sido.

Pero, ¿se trata de un punto de inflexión global o, sobre todo, español?

No, creo que es global. Hubo manifestaciones en Estambul importantísimas y en países donde las mujeres lo tienen aún más complicado, donde la cultura y la religión no caminan al paso de las mujeres, ni entienden ni respetan su libertad, y esto me parece un punto de inflexión. Lo ocurrido no puede pasar como algo importante e histórico que pasó y que nos volveremos a ver el próximo 8 de marzo. Creo que lo del jueves debe cambiar las agendas y prioridades, y muchas personas han de darse cuenta de que todavía existen muchas cosas mal hechas, que no somos iguales?

¿Y, por el éxito, qué cambiará en Canarias? ¿Se intensificarán políticas, habrá nuevas medidas…?

Estamos trabajando ya en muchas cuestiones: en empleo, el colectivo de las mujeres tiene políticas de discriminación positiva, como bonificaciones en materia de contratación, y trabajamos para que tengan oportunidad de empleo pero, también, desde la Inspección de Trabajo se han hecho varias inspecciones específicas para vigilar el cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas, para evitar la discriminación salarial dependiendo de los puestos, las cargas de trabajo y las capacidades, aparte de que nos hemos comprometido a poner en marcha una herramienta para la denuncia anónima del acoso en el trabajo o de otras injusticias. Al margen de esto, se necesitan políticas transversales y que todas las áreas tengan en cuenta a la mujer. También hay mucho que hacer en educación y el hogar?

Sin embargo, ¿tiene el Gobierno canario margen real con la brecha salarial, las “kellys”…, o depende mucho más de Madrid y, de hecho, Rajoy se reunirá ahora con ellas?

No, estamos trabajando con las “kellys”, por ejemplo, en la mesa por la calidad del empleo en la hostelería y hemos propuesto ahí, y se nos ha aceptado, que se realice un catálogo de enfermedades profesionales, que recordemos que es una reivindicación de mucho tiempo y que toca a colectivos profesionales altamente masculinizados, a convenios de sectores de hombres que no recogen las enfermedades de las mujeres en las profesiones más feminizadas. Hay un compromiso para ese estudio y, por tanto, no me ha sorprendido el discurso de Rajoy porque, en esa mesa, ya hemos avanzado en esto. Sobre la brecha salarial, el margen, en principio, es la lucha con la inspección para perseguir la discriminación en las empresas, que se cumplan los planes de igualdad y reclamar, de alguna manera y más pronto que tarde, que se afronte una reforma laboral por la que vuelva a ser obligatoria la igualdad en todos los convenios.

¿Cree que el PP (y Cs) enfocó mal esta huelga y lo notará en el futuro?

No lo sé. Quiero ser respetuosa, cosa que algunas militantes de ese partido no han sido con las que decidimos ir a la huelga, parar, pronunciarnos e implicarnos públicamente. Seré respetuosa con su decisión de no parar, pero entiendo que, tras lo del jueves, todo ha cambiado y, sí o sí, estés en el partido que estés, hay un compromiso con la sociedad y, aunque no hayan parado, no les gustara la huelga ni la apoyaran e, incluso, intentaran ridiculizar a las que íbamos, ese compromiso las obliga a trabajar en este sentido y a mantener la misma lucha por la mujer allí donde estén.

En lo que queda de mandato, ¿qué logro que no existe en este ámbito pueden conseguir en las Islas?

Esperamos muy buenos resultados de estas campañas de inspección, así como con la herramienta para las denuncias anónima, aparte de la mesa por la calidad en el empleo y el catálogo de enfermedades, pues son muchísimas las mujeres que trabajan con alguna patología por su labor pero que no se les reconoce y que se incorporan sin estar recuperadas porque no se pueden permitir que les descuenten parte del sueldo, cuando en otros sectores masculinos sí están reconocidas otras dolencias profesionales y, hasta que te recuperas, no te incorporas. Esto es muy importante porque no se trata solo de las retribuciones, sino de seguridad y salud.

¿Una de las claves laborales, de entrada para la contratación, no pasa por igualar los permisos por hijos entre hombres y mujeres?

Hay que mejorar muchas cosas, ésa entre otras. Se debe seguir potenciando y abordando los espacios públicos y privados para conciliar la vida familiar y laboral. Lo de los permisos convierte a las mujeres en personas más difíciles de emplear y, si queremos igualdad, debemos tenerla en todo. A lo mejor, el que se tiene que quedar de permiso y sin ningún problema es él, y esa posibilidad tiene que existir.

Giremos: la oposición se queja de que las 4.500 plazas sociosanitarias para los próximos años ya se quedan cortas solo para las 5.000 peticiones de dependencia del pasado septiembre: ¿tenemos un grave problema aquí? ¿Ha faltado planificación, dinero, voluntad??

En Canarias, implementamos un primer plan de infraestructuras gracias al cual no estamos mucho peor. Hay que recordar que, de 2003 y 2010, todas las Islas construyeron un número de plazas importante que nos ha permitido llegar hasta ahora. Tenía que haber una segunda parte, pero llegó la crisis, los recortes, y los que teníamos que gestionar esos recursos ni siquiera sabíamos si íbamos a contar con dinero suficiente para mantener las plazas. Por tanto, no se podía ni hablar de nuevas. Ahora, el escenario es diferente, hemos pasado ese periodo dramático de los recortes y podemos retomar el ritmo de crecimiento, y creo que este segundo plan lo hace. Si el escenario económico sigue siendo el mismo, no descarto que, finalizado este plan, se hable de una siguiente etapa para completar las infraestructuras necesarias, pero es que, hasta ahora, nadie hablaba de eso porque no se sabía hasta dónde podíamos mantener lo abierto. Se habla de 500 plazas de déficit y hoy son 500 y, a lo mejor, más tarde serán algunas más porque el envejecimiento de la población es muy importante, pero tampoco podemos aspirar a ingresar a todo el mundo en una residencia. Tenemos que articular otras medidas y, por eso, estamos trabajando con cabildos y ayuntamientos para poner en marcha otros servicios para que estén el mayor tiempo posible en sus domicilios y entornos. No podemos pensar que la salida es que nos ingresen a todos cuando seamos mayores y nos pongamos enfermos. Nunca habrá plazas para tantas personas mayores de 65 años que vamos a tener con alguna dependencia. Entre los discursos que escucho en el Parlamento está ese de que somos la comunidad que más servicios ofrece, mientras que otras que funcionan mejor dan más ayuda a domicilio y menos plazas residenciales, con lo que se entra en una contradicción. Es verdad que somos de los que más plazas ofrecemos y tenemos que crecer en ayuda a domicilio, pero eso es una virtud porque, además, la ley habla de que la prioridad es el servicio y de que las prestaciones se darán cuando no se pueda ofrecer. Que tengamos una oferta del 17% de servicios, muy por encima de otras regiones, es una muy buena señal.

Sin embargo, y sobre dependencia, la oposición no para de censurar que estemos a la cola del país: ¿alguna vez la dejaremos o por la fragmentación territorial es muy difícil? ¿Faltó también planificación, dinero, voluntad, gestión??

Faltó dinero, porque la ley de dependencia ha convivido con los años más duros de la crisis, se recortó el nivel acordado y solo venía el mínimo por dependiente. No ha habido para infraestructuras y todos saben que la mayoría de recortes se fueron a la dependencia. La asociación de directores y gerentes cifras los recortes del Estado en más de 5.000 millones, hablan con claridad porque conocen esto y las comunidades estamos financiando un 80%. Por tanto, su esfuerzo ha sido enorme atendiendo a los recursos que teníamos. ¿Se podía haber gestionado mejor? Pues puede que sí, pero tengamos en cuenta que gestionar sin recursos normas tan importantes es muy difícil, e imagino que lo ha sido para todos los responsables. Luego, las comunidades que descentralizaron el modelo fueron las que más les costó alcanzar un buen ritmo pero hoy están a la cabeza, las que lo centralizaron avanzaron más al principio pero hoy están a la cola y nosotros estamos intentando descentralizar. Cuando incorporemos a todas las personas que sí son atendidas pero por ayuntamientos u otros servicios, las cifras serán muy superiores. Para eso, Gobierno, cabildos y consistorios deben estar en la misma mesa para que el sistema transparente lo que hay.

Se le ha criticado el desvío de trabajadores de dependencia para abordar lo de los carnés de familias numerosas y usted siempre se queja de la falta de personal por la imposibilidad de contratar decidida por el PP: ¿qué déficit hay en dependencia y cuándo prevé corregirlo?

La única manera de incorporar personal ahora es con el plan de choque por los servicios especiales. Trabajamos en el plan de 2018, pero cada año pasa igual. En 2017, se incorporaron unas 80 personas a la dependencia gracias a las cuales pudimos equiparar las cifras a las de 2016, ya que tuvimos que abordar expedientes completos, del inicio al final, mientras que, en el año anterior, habían tenido la suerte de que heredaron 1.500 expedientes terminados de años previos.

¿Esa es la clave para censurarle que hubiera un poco menos en 2017?

Menos no, porque los hemos hecho completos. Lo que pasó es que tuvimos unos 500 fallecimientos más y te da una cifra global inferior, pero hay que tener en cuenta que no tuve 1.500 expedientes terminados antes de enero y esperando por una inyección económica para darles de alta, hubiéramos hecho muchísimos más, pero no los tuvimos. Hemos tenido más carga de trabajo y no lo digo yo, sino un informe de la jefatura del servicio que analiza y defiende el trabajo de sus profesionales. Si con el personal incorporado, con el déficit que tenemos de personal en todas las direcciones generales, un retraso de un año en carnés de familia numerosa, llegándonos las demandas porque la gente estaba perdiendo las bonificaciones, que hayamos puesto de esas personas incorporadas a dependencia 4 para impulsar lo de los carnés hasta que llegara el plan de choque y que me digan que eso perjudica a la dependencia, entonces, yo, de verdad, no sé qué entendemos por planificar, distribuir recursos y rentabilizarlos al máximo para atender a todos.

Hablando de planificación, anunció hace días que, en septiembre, estará el borrador del plan de discapacidad: ¿se necesitará pronto otro plan o éste estará bien armado y, sobre todo, mejor financiado?

A ver, cuando llegué, lo primero que me pidieron fue este plan y me comprometí a dejarlo lo más avanzado y, si era posible, terminado. Ha pasado un año y ha hemos hecho un primer diagnóstico y ya las mesas están trabajando, lo que nos permitirá tener en septiembre un borrador. Hasta eso, todo lo demás es faltar al respeto a los que trabajan en las mesas. Si sé lo que costará y lo que hay que hacer, no tiene sentido que haya mesas sectoriales con representantes de los distintos espacios de la discapacidad. Lo que he pedido es que, ya que lo estamos haciendo en tiempo récord, que se deje trabajar a las mesas para poder valorar luego su propuesta.

La economía canaria lleva 17 trimestres creciendo, muchas veces por encima del 3%, pero el empleo de calidad no, y de ahí ese escaso 11% de contratos fijos: ¿tienen margen aquí mediante el diálogo político, qué están haciendo diferente respecto a Madrid o todo depende de la reforma laboral?

Para controlar el empleo de calidad y evitar los contratos en precario, aparte de las retribuciones por debajo de los horarios que se hacen, solo podemos reforzar las inspecciones. Si no hay una reforma laboral que impida que se puedan hacer determinados contratos por cierto tiempo y maneras, lo que nos queda es evitar con la Inspección situaciones no tolerables. No podemos ir contra contratos contra los que no estamos de acuerdo, pero que son absolutamente legales.

Una nueva ley clave para modernizar el sector

Valido confía en que, aprovechando el trámite parlamentario con enmiendas, la nueva ley de Servicios Sociales, que sustituirá a la de 1987, salga con el máximo consenso. Según remarca, es “muy necesaria porque Canarias lleva muchos años creciendo en este sector, con muchos servicios, distintas formas de llevarlos y tipologías, con usuarios diferentes y todo sin regular porque la ley que hay surge cuando no habían tanta especialización, tanta usuario, centros, profesionales… Es un panorama complicado que debemos ordenar con un paraguas legal que garantice no solo los servicios, sino la financiación, el mantenimiento y la estabilidad laboral. Esos servicios están en el ámbito de las subvenciones de cada año y esos empleados deben tener estabilidad para saber si el año siguiente seguirán en su puesto”. Por esto, dice que no puede destacar algo concreto de una ley “que abarca mucho y, sobre todo, que da estabilidad a los trabajadores de ONG que necesitan conciertos sociales, algo que algunas comunidades ya tienen y ampara la UE en pro de esa estabilidad y para que los contratos tengan mayor duración y seguridad. Lo importante es saber qué tipo de servicios hay para un usuario concreto, qué profesional ha de atenderlos, con qué formación, qué requisitos debe tener el espacio? En fin, muchas cosas que por ordenar. Lo que hay es lo que se ha hecho con mucho esfuerzo con entidades, cabildos y ayuntamientos, pero sin ni racionalizar y sin estudio de lo mínimo imprescindible en cada caso y cómo financiarlo”.

Dos millones de euros para el plan de choque

Aún no sabe qué partida añadida necesita y se le dará en el presupuesto de este año y que todo dependerá mucho de si hay nuevas cuentas estatales. Sí tiene claro que, dependiendo de la disponibilidad, podrán reforzar áreas, pero, sobre todo, aportar más a los ayuntamientos para que actualicen precios por servicios que no se tocan hace mucho de discapacitados, menores o mayores. Además, lamenta el déficit de trabajadores y dice que es mucho mayor que el existente en cabildos, calculando dos millones de euros necesarios este año para el plan de choque. Según sus datos, donde había 4 empleados, ahora hay uno y medio por las jubilaciones. En cuanto a lo mejor que se encontró, dice que, pese a esto, fueron precisamente los trabajadores. Lo peor, “la escasa colaboración” de grupos como el PSOE, que había llevado el área y que, “en un mes, ya estaba criticándome, hablaba de retroceso y descalifica un trabajo que ni había empezado. Me pareció poco elegante, bastante absurdo e injusto: no lo entiendo”.

Fuente: El Día

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