La renta ciudadana costará en torno a 300 millones anuales

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, confía en que la ley que recoja esta iniciativa esté aprobada en el primer semestre del próximo ejercicio. Hasta entonces, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) implementará los recursos que ofrece a las familias más vulnerables

La previsión de la Consejería de Derechos Sociales es que la renta de ciudadanía tenga en cuenta el tamaño de la unidad familiar y sus necesidades.

La titular de Derechos Sociales, Noemí Santana, confía en que la Ley de renta de ciudadanía sea aprobada por la Cámara regional en el primer semestre de 2020, cuyo coste, según una estimación inicial, podría alcanzar los 300 millones de euros anuales. Hasta entonces, la consejera prevé que los Presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año recojan una mejora de la prestación canaria de inserción (PCI).

La cuantía de esta subvención está fijada en torno a los 470 euros y el objetivo de la consejera es que se incremente esta cantidad y se fije entre los 600 y 700 euros, según el núcleo familiar, y que incluso pueda alcanzar los 900 euros «teniendo en cuenta el tamaño de la unidad familiar y sus necesidades». Agrega al respecto que «queremos ser muy ambiciosos con esta medida y, si es posible, que esta ley vaya más allá».

Agregó Santana que actualmente, Canarias destina a la PCI unos 55 millones de euros. Con la ampliación que quiere llevar a cabo hasta que se apruebe la ley, se precisarían alrededor de 25 millones más. En cualquier caso, detalló que en estos momentos los técnicos de su departamento están «haciendo números» para el próximo año, ya que será un proceso «complejo» debido a que convivirán durante el ejercicio esta prestación con la renta de ciudadanía, una vez se apruebe la ley por el Parlamento. Cuando eso ocurra, para llegar a toda la población destinataria de esta renta, se precisará un montante de unos 300 millones.

En cualquier caso, Noemí Santana insistió en que ésta es una propuesta de la Consejería de Derechos Sociales que debe aún obtener el respaldo del Consejo de Gobierno, aunque apostó por que será «bien acogida».

Unas 16.000 personas en la comunidad autónoma se benefician de la PCI, mientras que el objetivo de la renta de ciudadanía es alcanzar a unos 40.000 unidades familiares -en torno a 90.000 personas-, según los datos de Derechos Sociales.

Fuente: Canarias 7

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