El camino hacia una Canarias más justa

La desigualdad es uno de los problemas que más urge resolver en el Archipiélago. La hoja de ruta que se ha trazado la Consejería de Políticas Sociales tiene muchas paradas, pero todas están diseñadas bajo un denominador común: mejorar la vida de los canarios que peor lo están pasando impulsando políticas nuevas y reformando otras ya existentes.

Uno de los principales retos, ya en fase final, es aprobar la Ley de Servicios Sociales, que se encuentra en fase parlamentaria. La nueva ley crea un nuevo derecho subjetivo para la ciudadanía exigible ante la administración de justicia. Por primera vez se abre la posibilidad, avalada por el marco normativo europeo, de establecer convenio y concierto social con las entidades del Tercer Sector, abandonando definitivamente el sistema subvencionista y ofreciendo estabilidad al sector. Las ayudas sociales dejarán de ser limosna y pasarán a ser derechos.

Para ello, es fundamental la elaboración de un catálogo de prestaciones que exige la nueva Ley tras su aprobación. Deberá ser aprobado en el periodo de un año desde que se apruebe la ley, aunque el Gobierno está trabajando en paralelo para acortar plazos. El Catálogo de Servicios y Prestaciones dejará claro el Mapa de Recursos de Atención Social en Canarias e implica que se unificará en todo el territorio el coste del servicio por persona y día. Por primera vez se introduce también los costes de la infraestructura que los acogen y las ratios mínimas de profesionales, lo que influirá en las plantillas de los ayuntamientos.

Al mismo tiempo, la Consejería quiere consolidar un nuevo Sistema de Atención a la dependencia con la inclusión de ayuntamientos y cabildos. El Gobierno canario trabaja en colaboración directa con estas administraciones para reorganizar y mejorar la atención a la dependencia. Esta labor implica mejorar los convenios establecidos con los cabildos insulares, en los que se incrementarán los costes del módulo social y se incluirá el transporte de los usuarios para acceder a los servicios. Con los ayuntamientos, por su parte, ya se han establecido acuerdos para que empiecen a realizar informes sociales para el reconocimiento de la situación de dependencia.

Además, el Gobierno tiene entre sus objetivos consolidar nuevos servicios, como los que promueven la autonomía personal e impulsan el servicio de ayuda a domicilio, para lo que ya se ha puesto en marcha el análisis de los costes que supondría poner en marcha esta medida con los grandes ayuntamientos de Canarias para poder extenderlo al resto de municipios. Favorecer la autonomía es un reto y una necesidad, sobre todo teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población.

Ese reto ha de hacerse de manera paralela a la puesta en marcha del segundo Plan de Infraestructuras de Canarias, que contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria, la mejora de recursos ya existentes con la ampliación y el incremento de plazas de atención tanto en recursos residenciales como de centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en un total de 4.460 nuevas plazas. La inversión global del Gobierno asciende a 161.150.000 euros.

Junto al impulso a las prestaciones sociales, la elaboración de un nuevo plan de vivienda es una urgencia para que miles de canarios puedan ejercer su derecho. Ahora mismo está en fase de contratación de los trabajos de carácter técnico-jurídico con un análisis tanto de las necesidades de vivienda, suelo, disponibilidad de viviendas deshabitadas, equipamientos y servicios.

Por último, la puesta en marcha del plan de discapacidad, una demanda eterna del sector, la reforma de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), con el objetivo final de ampliar la cobertura y los beneficiarios, y el diseño de un nuevo plan de infancia, son las cuentas pendientes que la Consejería se ha propuesto resolver este ejercicio.

Fuente: El Día

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