Dependencia abona 5 millones de euros en “prestaciones aplazadas”

La Dirección General cierra el ejercicio adelantando el pago de las ayudas económicas para el cuidado del entorno familiar destinadas a cuidadores no profesionales.

La Dirección General de Dependencia y Discapacidad, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, aprobó la semana pasada el ingreso de más de cinco millones de euros en concepto de aplazamientos de prestaciones económicas para cuidados al entorno Familiar (Pecef) previstas para 2017. En concreto, 1.894 personas se beneficiaron del abono de estas ayudas pendientes, según informaron fuentes oficiales.

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Este tipo de prestación se reconoce de manera excepcional cuando el beneficiario está siendo atendido por su cónyuge o sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco, y lo hayan hecho durante el periodo previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención (PIA).

La finalidad de esta ayuda es mantener al usuario en su domicilio atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. La cuantía está sujeta al grado de dependencia de cada personas y a su capacidad económica.

La aún directora general del área, Marta Arocha, decidió en junio, a través de una resolución, conceder con carácter retroactivo este tipo de ayudas, pero, para poder hacer frente a la demanda, estableció un sistema de fraccionamiento que permitía abonarlas en cuatro pagos anuales. De esta forma, a través de estas nóminas extraordinarias, la dirección general ha abonado el pago que estaba previsto hacerse en 2017 a todas aquellas personas a las que se les otorgó la ayuda antes de junio de 2016 (293 personas) y con posterioridad (1.601 personas). Arocha explica que este adelanto se debe a que la Dirección General tiene entre sus objetivos, en el marco de la disponibilidad presupuestaria, resolver en un solo pago aquellos atrasos fraccionados.

Por ese motivo, ya en julio del año pasado se aprobó un suplemento de crédito para afrontar el pago único de las cantidades en concepto de retroactividad que habían sido fraccionadas y planificadas en cuatro años. En este pago solo se incluyó a aquellas personas a las que se les había reconocido la situación de dependencia antes de junio de 2016. La Ley 1/2016, de 16 de septiembre estableció un suplemento de crédito por importe de 1,9 millones euros, de los que 1,5 millones fueron a saldar deudas.

Pero, además, en diciembre se autorizó un segundo pago de 4.113.939,62 euros para atender a quienes habían solicitado la prestación después de junio.

Por último, la Dirección General también destinó antes de cerrar el ejercicio 176.609 euros al pago de todas las comunidades de herederos de dependientes fallecidos constituidas hasta la fecha.

Fuente: El Día

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