La ley de Dependencia, impulsada por el ministro socialista Jesús Caldera, celebró esta semana su décimo aniversario, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar. En este periodo, Canarias ha ocupado tradicionalmente los puestos de cola en la aplicación de la norma. Pese a ello, en los últimos meses, por primera vez en este decenio, el Archipiélago ha logrado que la lista de personas atendidas en base a esta normativa sea superior a la de las que siguen a la espera. Así lo explicó a DIARIO DE AVISOS la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Isabel Mena, quien puntualizó que en estos momentos 16.000 personas reciben la prestación, mientras que 13.000 están aún en lista de espera. Añadió que en el último año se logró incluir en el sistema a 4.060 personas, con un promedio de 500 altas cada mes. “Si seguimos esta línea, calculamos que en cuatro años podamos tener una lista de espera aceptable”, puntualizó.
La responsable regional aclaró que pese a que las Islas ocupan los últimos puestos del panorama estatal en cifras totales, su ritmo de generar nueva altas es de los más elevados del país. “Incluso desde la asociación nacional de agentes sociales se ha destacado el trabajo realizado para poner al día esta normativa”, indicó.
Mena puso en valor el trabajo realizado por la Consejería en el último año y medio. Destacó, asimismo, que se ha logrado, entre otros objetivos, poner en marcha el sistema que permite llevar a cabo de forma más efectiva todo el procedimiento. Insistió también en que, pese a que la norma estatal entró en vigor hace 10 años, lo cierto es que en el Archipiélago se empezó a aplicar de la manera que viene recogida en el texto tiempo después. En esta línea, insistió en que aún en Canarias hay muchos aspectos que no se han abordado.
Retos para 2017
La viceconsejera recordó que el próximo año el presupuesto en materia de dependencia se incrementa en 15 millones con respecto al actual -que también subió siete millones frente al anterior-. La idea es que a partir de 2017 no solo se puedan seguir creando más plazas residenciales, sino que también se apueste por otras prestaciones recogidas en la ley que han tenido escaso desarrollo. En este sentido, Mena apuntó a la ayuda a domicilio y las acciones de prevención para aquellos dependientes con grado 1 como retos para el próximo ejercicio. Por último, la responsable regional insistió en la necesidad de que el Gobierno central incremente los recursos para dotar la normativa, ya que eso permitirá un mejor funcionamiento.
La norma genera unos 4.000 empleos directos y otros tantos indirectos
La viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno canario, Isabel Mena, indicó que con las 4.000 personas incorporadas este año al sistema de Dependencia se han generado en torno a 1.000 empleos. Esta proporción pone de manifiesto que si en total son 16.000 las personas que reciben la ayuda, los puestos de trabajo directos pueden rondar aproximadamente los 4.000, a los que se suman los indirectos. “Además de la cantidad de empleos que se crean con esta ley, estos son cualificados”, añadió n
Fuente: Diario de Avisos