“El Estado solo aportó en 2016 el 14% del coste de la Dependencia”

Cristina Valido exige que el Gobierno central cumpla con la ley de autonomía personal. Canarias analizará en unas jornadas el presente y el futuro de la dependencia

La dependencia es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las sociedades de los países occidentales, donde el envejecimiento ha transformado la pirámide de población y ha reinventado las políticas sociales. En un contexto así, en España asumir el coste del sistema se ha convertido en objeto de desencuentros entre las administraciones autonómicas y la central. La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Cristina Valido, advierte de la enorme desigualdad que existe entre las aportaciones del Estado y del resto de administraciones, algo que “ocurre en Canarias y en todo el país”.

En el caso de las Islas, el año pasado el presupuesto total para Dependencia fue de 191 millones: “26 los puso el Estado y 165 la Comunidad Autónoma y los cabildos”. Es decir, “el Estado aportó el 13,86% y nosotros el 86,14%. Es necesario que el Gobierno central se comprometa a aportar el 50%, tal como dice la ley”.

Este año, la Consejería calcula que en total se destinarán “más de 250 millones de euros” a la gestión de la dependencia. “Al incremento en el presupuesto inicial se añaden las cantidades de la Ley de Crédito Extraordinario aprobada en julio, que permitirán no solo más servicios, sino también más personal y el arranque de la primera anualidad del segundo plan de Infraestructuras sociosanitarias de Canarias”.

Además de asegurar los ingresos del Ejecutivo central, la responsable de las Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma cree que el mayor reto que tiene Canarias es consolidar un nuevo sistema, descentralizado, en el que participen las corporaciones insulares y locales, y que sea ajeno a los cambios políticos. En este sentido, “la implicación” de ayuntamientos y cabildos realizando trámites que hoy realiza solo la Consejería es fundamental para mejorar la atención al ciudadano.

Para analizar el presente y el futuro de la dependencia en Canarias, la Consejería ha organizado las jornadas “Retos de la atención a la dependencia en Canarias”, que se celebrarán el 23 y el 24 de noviembre en Presidencia del Gobierno. En estos seminarios de trabajo participarán miembros de la Administración canaria y de Castilla y León, del Ministerio de Sanidad y de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, tendrán voz asociaciones y colegios profesionales. El economista José Luis Rivero Ceballos será el encargado de abordar los aspectos económicos de la dependencia, aunque Valido cree que hasta que el modelo no se ramifique y sepan cuánto debe aportar la Comunidad Autónoma a ayuntamientos y cabildos -para financiar personal o recursos tecnológicos- no se podrá tener una estimación real.

“No celebramos este encuentro solo para ver qué estamos haciendo y cómo, sino para sumar de alguna manera el conocimiento de todas las personas que son expertas en la materia y recoger recomendaciones para diseñar un sistema de la dependencia ajeno a cualquier cambio político. Necesitamos que la dependencia funcione sola”, insiste.

Otro de las necesidades que tiene Canarias es de infraestructuras. “Llega un momento en que no quedan más sitios donde concertar. Tenemos que duplicar las plazas que tenemos hoy para dar una cobertura digna a los dependientes que se van a incorporar al sistema en la próxima década”.

La Consejería quiere poner en marcha un plan para atender a los dependientes de grado 1, los más leves, para conseguir que se valgan por sí mismos el mayor tiempo posible y que no se deterioren antes. La idea es activar servicios, en colaboración con corporaciones insulares y locales, en los próximos meses. “El objetivo es que muchos dependientes puedan permanecer en su entorno hasta el final de su vida. Eso es lo que debemos perseguir. La ley habla de promoción de la autonomía personal y de dependencia. Si trabajamos esa promoción podemos permitir que envejezcan con un correcto cuidado en su casa”, apunta. “La ley dice claramente que primero hay que dar servicios y luego prestaciones económicas. De ahí que haya que habilitar servicios, pero también construir para dar atención diaria o residencial, en función de las necesidades”.

“No podemos resolver el problema de la dependencia con prestaciones económicas, porque no resuelven el problema de la dependencia de personas que necesitan un centro y que con la pensión que reciben no pueden pagarlo”, subraya. “Primero que nada tenemos que tener servicios, de ahí la apuesta por el Plan de Infraestructuras”.

LAS CLAVES

165 frente a 26. El presupuesto total para Dependencia el año pasado ascendió a 191 millones de euros, de los que la Comunidad Autónoma puso 165 y el Gobierno central 26.

Más de 250 millones este año. La inversión total en 2017 superará los 250 millones de euros, según la Consejería.

Descentralización. Valido apunta a la descentralización del sistema como el principal reto en políticas de Dependencia.

Servicios y luego prestaciones. Crear plazas y potenciar la autonomía está por delante de las prestaciones económicas.

Fuente: El Día

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