Dependencia en Canarias necesita 50 personas más para resolver las resoluciones en tiempo

Montero dice que la edad de quienes inician su expediente en las islas es «muy avanzada», lo que explica la tasa de mortalidad durante los trámites del proceso

Imagen de archivo de una planta del centro sociosanitario El Pino, dependiente del Cabildo grancanario. /Arcadio Suárez
Imagen de archivo de una planta del centro sociosanitario El Pino, dependiente del Cabildo grancanario. / ARCADIO SUÁREZ

«La media de edad de nuestros solicitantes es muy mayor. La gente en Canarias pide la dependencia en edad avanzada», lamenta el director general del área en las islas, Miguel Montero. Ello explica, en parte, la tasa de mortalidad entre quienes esperan por que su expediente se solucione. 2.628 entre marzo y julio según el Imserso. «Por fin ya se entiende que vale la pena pedirla antes, que tiene sentido», abunda. Pero si bien es verdad, la edad de los y las solicitantes se combina con la tardanza del propio proceso para acceder a un derecho que incluso ya tienen reconocido. Montero avanza que Dependencia necesita de 50 personas para resolver las resoluciones y confía en que pronto puedan estar contratadas.

Canarias ya ha hecho un esfuerzo para que de las 9.283 personas que se encontraban en el llamado ‘limbo’ de la dependencia en enero en el archipiélago, se pasara a las 7.562 que se contabilizaron el 31 de agosto, según el último informe del Imserso.

¿Cuáles son las soluciones que se proponen para mejorar el sistema, que no se tarde tanto en resolver expedientes y en valorar? Montero asegura que están «muy esperanzados con lo que ha planteado el Ministerio de Derechos Sociales. Es la primera vez en ocho años», señala, «que se habla de cuánto se va a poner».

Canarias sostiene el 85% del sistema de dependencia, «ahora el Ministerio dice que desde 2021 habrá 600 millones más cada año. Por fin hay compromiso y voluntad política», se congratula. En el caso concreto de las islas, añade Montero, falta personal. Y «aunque no es el mejor año para solicitar capítulo uno, está cerrado. Vamos a tener personal», asegura.

Por otro lado, explica el director general de Dependencia, «se va a licitar ya el gestor de expedientes, en torno a un millón de euros. Es lo que necesitamos para trabajar en red con cabildos y ayuntamientos. Es una licitación ajustada a una realidad del sistema más actualizado y más potentes, que es el de Extremadura», explica. «El Gobierno de Extremadura nos ha dado su código fuente y eso nos da una base, abarata la licitación y tendremos lo más puntero que haya en este momento en toda España».

Preguntado por cómo se acortarían los plazos –en la actualidad la ley señala para el trámite de la dependencia seis meses que se convierten en una media de dos años– Montero dice que la intención es llegar a las 1.500 personas ayuda a domicilio, subir hasta 2.000 la teleasistencia y aumentar más de 10. 000 en servicios. Con todo, «lo cuantitativo no me parece el objetivo en sí mismo. La clave aquí es la siguiente actuar en cada uno de los pasos». Y resume que, si bien en 2019 se actuó «en las solicitudes», metiendo en el sistema 5.000 expedientes que no se habían registrado, y este año en los planes individualizados de Actuación (PIA), que son lo que saca a los solicitantes del ‘limbo’, en 2021 se abordarán «las resoluciones de grado» y para ello se necesitan «50 personas más», advierte. «Tendríamos más personal que nunca en la historia. Esa es la traducción de un compromiso con la dependencia. No es solo el pacto de reactivación. Son más trabajadores», advierte.

Sobre el Plan de infraestructuras sociosanitarias, Montero reconoció que va «lento», pero que se ha ampliado hasta 2023. «Se aprobó el 27 de diciembre de 2017. En 2018 entró la nueva ley de contrataciones públicas, en 2019 hubo un cambio electoral y en 2020 la covid», recordó para explicar ese la tardanza en contar con las nuevas plazas.

Fuente: Canarias 7

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