Santa Cruz de Tenerife
La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó este jueves el dictamen para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. El texto ha salido adelante con 20 votos a favor y 17 en contra, entre ellos los del Partido Popular y Vox. Hace un año que el Consejo de Ministros aprobó las modificaciones normativas, que suponen un giro en la atención a un colectivo especialmente vulnerable. 12 meses después, el trámite está a punto de concluir y ser votado en el pleno de la Cámara Baja. ¿Qué cambiará para las personas dependientes?
El Gobierno de España ha defendido que las reformas están enfocadas en «nuevos derechos, más servicios y mejores prestaciones, menos burocracia y más tecnología». Sobre el papel, uno de los cambios que simplifican trámites pasa porque se reconocerá automáticamente una discapacidad del 33% a las personas a las que se haya reconocido ya el grado I de dependencia, del 65% para los grados II y III. Además, se admite la necesidad de suprimir el régimen de incompatibilidad de las prestaciones que introdujo el gobierno de Mariano Rajoy para que los beneficiarios puedan combinar ayudas y servicios y «eliminar barreras a la personalización». Es uno de los puntos más destacados según la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Emma Colao explica que va a permitir, por ejemplo, que ciudadanos puedan tener asistencia personal y ayuda a domicilio: «Una cosa es promocionar tu autonomía y otra tener un servicio para que te asistan en lo más básico y prioritario de la vida».
Cuidadores no profesionales, más allá de la familia
En materia de prestaciones económicas en el entorno familiar, el nuevo texto también fija que, en caso de fallecimiento de la persona dependiente, «se abonará hasta el último día del mes en el que se produce el deceso». Esto puede evitar la devolución de cantidades. Otro aspecto clave pasa por el reconocimiento de los cuidadores no profesionales. Va más allá de los lazos sanguíneos o matrimoniales: «Se reconoce la posibilidad de que (…) pertenezca al ámbito familiar y al relacional. También se incorporan sus derechos», reza el documento sobre las ayudas. Y añade en el artículo 18 que «excepcionalmente, no se podrá exigir la convivencia si (…) existe un compromiso de cuidados sin contraprestación económica y ambas residan en viviendas próximas».
Junto a estas modificaciones legislativas, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027 que «amplía las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia». Según el Ministerio de Derechos Sociales, implica duplicar las cuantías de quienes más apoyos requieren. El objetivo es que el año que viene se cumpla con un compromiso que se ha eternizado y en el que insisten reiteradamente las comunidades: que el ejecutivo central alcance el 50% del gasto total de la dependencia para aliviar, así, el esfuerzo de las autonomías.
Colao critica, en este sentido, el rechazo del Partido Popular en la comisión. «En materia de dependencia, las regiones (gobernadas por el PP) tienen un discurso», mientras que a nivel estatal «el discurso es impedir cualquier tipo de acceso a derechos porque están haciendo un uso electoral de su voto». La directora subraya asimismo que las comunidades tendrán que garantizar el desarrollo de las reformas si finalmente son aprobadas en el pleno del Congreso.
La dependencia en Canarias, en datos
El último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales sobre financiación del sistema de dependencia recoge avances en Canarias, que sin embargo sigue ocupando los peores puestos en algunos indicadores. De diciembre de 2025 a mayo de 2026, el porcentaje de personas atendidas ha aumentado un 22% (la mayor mejora del país). También ha caído notablemente la espera desde la solicitud hasta la resolución del expediente, pero el tiempo medio sigue siendo el quinto peor del país: 335 días. Más de 17.400 ciudadanos integran la lista de espera (20,4% de personas desatendidas), aunque es en esta comunidad autónoma donde más se reduce porcentualmente.