La inminente aprobación del nuevo decreto autonómico de acreditación de centros de atención a la dependencia en Canarias abre un debate imprescindible sobre el equilibrio entre mejora de la calidad asistencial y sostenibilidad real del sistema. El texto normativo impulsa un modelo más personalizado, con unidades convivenciales de hasta 15 plazas y un estándar del 65% de habitaciones individuales, además de un incremento sustancial de los ratios de personal cuidador. Sin embargo, si estos objetivos no se aplican con una interpretación flexible del régimen de dispensas previsto en la propia norma, pueden generar un efecto contrario al deseado: poner en riesgo la viabilidad de buena parte de los centros residenciales existentes.
La mayoría de los centros actualmente en funcionamiento fueron diseñados bajo marcos normativos anteriores, con configuraciones arquitectónicas que difícilmente permiten alcanzar un 65% de habitaciones individuales sin una profunda transformación estructural. En muchos casos, adaptarse estrictamente a ese porcentaje implicaría reconvertir habitaciones dobles en individuales, con la consiguiente pérdida de plazas. Esta reducción no sería marginal: en determinados centros podría suponer una disminución significativa de camas, afectando directamente a la capacidad de respuesta del sistema en un momento en el que la demanda de plazas residenciales continúa creciendo por razones demográficas evidentes.
Algo similar ocurre con el modelo de unidades convivenciales de 15 plazas. Conceptualmente, el modelo es coherente con la atención centrada en la persona, pero su implantación en edificios verticales o de distribución rígida puede requerir la supresión de habitaciones para crear espacios comunes diferenciados por planta. Sin una interpretación razonable y proporcionada, el resultado práctico sería una disminución automática de capacidad instalada, no por falta de necesidad social, sino por imposibilidad arquitectónica de adaptación plena.
En este contexto, el artículo relativo a las dispensas adquiere una relevancia decisiva. La norma permitirá (una vez entrada en vigor) excepciones justificadas por razones estructurales, físicas o de capacidad de acogida, siempre que no se comprometa la seguridad y salud de las personas usuarias y se propongan medidas compensatorias. Si este mecanismo se aplica con criterios técnicos y proporcionales, el sistema podrá transitar hacia el nuevo modelo sin desmantelar la red existente. Pero si la dispensa se interpreta de manera restrictiva o excepcionalísima, el efecto puede ser una contracción del sector, con reducción de plazas, incremento de listas de espera y tensión sobre las familias.
A ello se suma el incremento de los ratios de personal cuidador, que pasan de 0,28 a 0,43. Este aumento representa un salto considerable en costes laborales, especialmente en un sector donde el gasto en personal constituye el principal componente estructural. La mejora de ratios es positiva desde el punto de vista asistencial, pero si no va acompañada de una actualización proporcional de los precios de concierto y financiación pública, o de un ajuste realista del mercado privado, puede provocar un desequilibrio económico que afecte tanto a la contratación pública como a la viabilidad de las plazas privadas.
El riesgo no reside en el objetivo del decreto, que busca legítimamente elevar los estándares de calidad, sino en la posible desconexión entre la exigencia normativa y la realidad arquitectónica y económica de los centros existentes. La transición hacia el nuevo modelo debe ser gradual, viable y financieramente sostenible. De lo contrario, se corre el peligro de reducir la oferta efectiva de plazas en un momento en que el envejecimiento poblacional exige exactamente lo contrario: más recursos, no menos.
La clave estará en la aplicación práctica del régimen de dispensas y en la capacidad de la Administración para conjugar calidad y sostenibilidad. Un sistema de dependencia fuerte no se construye solo con estándares ambiciosos, sino también con seguridad jurídica, proporcionalidad y estabilidad económica para quienes prestan el servicio. Sin ese equilibrio, el nuevo decreto podría generar una paradoja: querer mejorar la atención y terminar debilitando la estructura que la hace posible.