Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se han colado entre las diez capitales del país que más dinero destinan a sus servicios sociales. El municipio chicharrero, con un gasto por habitante de 165,69 euros, ocupa la posición número siete. Tres puestos por debajo, cerrando el top ten, aparece también el principal ayuntamiento de la provincia oriental, con una inversión de 163,18 euros. Las cifras de ambos enclaves superan la media nacional (156,14 euros), pero siguen bastante lejos de las únicas dos capitales que superan la barrera de los 200 euros per cápita: Barcelona (288,07) y Bilbao (208,94).
Además de este ranking por capitales, el último estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, también recoge otros datos. Según este mismo análisis –que toma como referencia la mediana, en lugar de la media–, los ayuntamientos de Canarias destinan a sus servicios sociales 106,48 euros por ciudadano. Se trata de una cifra superior a la del año pasado (100,23) y solo unos céntimos inferior a la mediana nacional (106,05). Pese a haber experimentado una ligera mejora con respecto al ejercicio anterior, el Archipiélago sigue muy lejos de regiones como País Vasco que, con 164,03 euros, lidera el gasto municipal en esta materia.
Estos datos demuestran que el acceso a ayudas –así como a otros recursos que promueven el bienestar– depende mucho del código postal. En once comunidades, entre las que se incluye Canarias, la inversión social está por debajo del promedio nacional. La desigualdad es aún más evidente cuando se compara la región que más gasta con la que menos: la diferencia entre ambas supera los 105 euros por vecino.
Diferencias por regiones
Los madrileños son los que salen peor parados, con una inversión media por habitante de 58,11 euros. En el otro extremo, los vascos y los andaluces, con 164 y 163, respectivamente, pueden presumir de que sus consistorios son los que más dinero destinan a combatir las desigualdades.
Junto con la educación, la sanidad y las pensiones, los servicios sociales son uno de los cuatro pilares que conforman el Estado del Bienestar. Aunque en España son competencia de las comunidades autónomas, la primera atención –y también la más próxima– siempre se brinda desde los municipios. Los ciudadanos, por tanto, acuden a los ayuntamientos cuando precisan ayuda a domicilio, cuando no tienen dinero para pagar la luz o para comprar material escolar. Las víctimas de violencia de género, los dependientes, los menores, o las personas sin hogar son solo algunos de los colectivos vulnerables que dependen de estos recursos para salir adelante.
El informe analiza los 404 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, que son los que tienen competencias en servicios sociales. Solo se han quedado fuera 24 consistorios –el único canario, el de Icod de Los Vinos– que no han presentado las cuentas del año anterior ante Hacienda.
El peso de las capitales
Según el informe, en estos 404 municipios reside el 66% de la población o, lo que es lo mismo, 32,8 millones de personas. De ellas, el 47% vive en capitales de provincia, de ahí que esos 50 ayuntamientos –entre los que se incluye a Santa Cruz de Tenerife y a Las Palmas de Gran Canaria– sean un buen medidor de la inversión social.