La Consejería de Políticas Sociales agilizará la burocracia para reducir la lista de personas en el «limbo»: 10.000 canarios y canarias no reciben prestación alguna pese a tener su derecho reconocido. Las nuevas medidas se anuncian tras las críticas del Consejo Consultivo y el colectivo de trabajadores sociales
La directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno canario, Eulalia García, anunció ayer cambios en la gestión de expedientes de dependencia «y así poder dar curso a las recomendaciones del Consejo Consultivo de Canarias y del Colegio de Trabajadores de Las Palmas con los que estamos de acuerdo en su apreciación sobre cuándo se genera el derecho a percibir la prestación o servicio por dependencia».
El anuncio, hecho a través de una nota de prensa, hace referencia a las llamadas de atención del Consejo Consultivo que desde 2012 venía advirtiendo a Dependencia en numerosos expedientes que el reconocimiento de la dependencia ya ponía en marcha el derecho a recibir una prestación, con independencia de que la administración hubiera aprobado un plan individualizado de atención (PIA). Por eso, si este plan se retasa más de lo que legalmente está establecido, el dependiente tiene derecho a indemnización por los meses que no ha recibido la prestación a la que tiene derecho, bien en servicios o bien económica.
García insistió ayer en que Dependencia «ya ha corregido, desde hace meses esta situación conforme al dictamen y se está abonando tanto las prestaciones económicas como los servicios con efecto retroactivo cuando procede». No obstante, añadió en la nota de prensa, «es posible que puedan quedar expedientes por atender pero ya no es la generalidad».
De hecho, este mismo año el Consultivo ha dictaminado lo mismo en tres nuevos casos, el último fechado el pasado mes de julio, como publicó este periódico.
Además de esta medida, la directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno canario coincidió con el Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas en llamar la atención sobre las cerca de 10.000 personas, según los que están en el llamado «limbo» de la dependencia, es decir, personas dependientes que aún no cuentan con su programa individual de atención.
Según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia(SAAD) del Ministerio de Sanidad, a 30 de junio en Canarias había 30.455 personas con derecho a prestación por dependencia. De ellas 20.919 estaban recibiendo algún tipo de prestación, es decir, 9.536 están en el llamado limbo.
«Esto es fruto de muchos años de crisis económica que dificultaron considerablemente la puesta en marcha de la ley, con una escasa dotación económica que impidió ofrecer prestaciones y servicios a las personas que ya tenían el derecho adquirido, la crisis también influyó negativamente en la dotación de las plantillas de profesionales de la dirección general», afirmó García.
Sin embargo, «en estos momentos, estamos poniendo en marcha actuaciones y medidas dirigidas a agilizar el procedimiento y poder atender convenientemente a todas estas personas que tiene reconocido su derecho. Y es evidente, que siempre se necesita personal máxime en un área tan sensible con esta por lo que prevemos que podamos reforzar las plantillas en el último trimestre del año», apuntó.
PAPELEO. García también anunció «la elaboración de un nuevo decreto que regule el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, entre ellas «medidas de simplificación de los procedimientos», además «de la implementación de un gestor informático por el cual las administraciones locales, como cabildos y ayuntamientos, y las entidades colaboradoras puedan trabajar en red, e incluso vamos a trabajar de esta forma también con los colegios profesionales».
Fuente: Canarias 7