Canarias regula la persona facilitadora para una Justicia más accesible

Canarias dispone ya de un marco específico para facilitar la participación de las personas con discapacidad y las personas mayores en juzgados y fiscalías. El Decreto 145/2026, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 22 de septiembre, regula la figura de la persona facilitadora, sus funciones, los requisitos profesionales y el procedimiento para designarla.

El objetivo es reducir las barreras de comprensión y comunicación durante los procesos judiciales y fiscales. La norma entrará en vigor veinte días después de su publicación y prevé una implantación gradual según el tipo de procedimiento.

Quién puede recibir este apoyo

El servicio se dirige a las personas con discapacidad y a las personas de 65 años o más que lo soliciten. En el caso de quienes tengan 80 años o más, el órgano judicial podrá acordar la intervención de oficio cuando detecte que el apoyo es necesario, aunque no exista una petición previa.

La solicitud podrá presentarla la propia persona interesada o alguien de su confianza debidamente autorizado. La designación corresponderá siempre al órgano judicial o al Ministerio Fiscal. La norma permite además reconocer la necesidad de ajustes aunque la discapacidad todavía no esté acreditada formalmente, si el tribunal o la Fiscalía consideran que existen dificultades que deben atenderse.

Qué funciones tendrá la persona facilitadora

Su labor consistirá en favorecer una comunicación eficaz y ayudar a que la persona comprenda la información, participe en el procedimiento y pueda tomar decisiones informadas. Para ello podrá proponer lenguaje claro, adaptaciones cognitivas y otros ajustes razonables.

Entre sus actuaciones figuran elaborar un perfil individualizado de apoyos, informar a los profesionales de la Justicia, acompañar en trámites y diligencias, colaborar en la preparación del testimonio y facilitar la comprensión de resoluciones y documentos esenciales. La persona facilitadora no sustituye la voluntad de quien recibe el apoyo, no habla en su nombre y debe actuar con neutralidad, confidencialidad e imparcialidad.

Formación, registro y cobertura insular

Podrán ejercer profesionales de ámbitos como Derecho, Educación Social, Logopedia, Psicología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Pedagogía, Psicopedagogía y Criminología, siempre que acrediten la formación, titulación específica o experiencia prevista en el decreto. Cuando la persona destinataria sea menor de edad, se exige además formación específica en infancia y adolescencia y la acreditación correspondiente sobre antecedentes.

La norma crea el Registro Administrativo Canario de Personal Facilitador, organizado por partidos judiciales y por islas. Si no hubiera profesionales disponibles en un partido judicial, podrán intervenir personas inscritas en otro, incluso con desplazamiento entre islas. Hasta que el registro esté operativo, se utilizarán listas elaboradas con la colaboración de colegios profesionales y entidades representativas de personas con discapacidad y mayores.

Aplicación progresiva desde 2026

El calendario comienza en 2026 para los asuntos penales, continuará en 2027 en la jurisdicción civil y se extenderá en 2028 al resto de órdenes judiciales. El decreto también prevé la colaboración de las universidades públicas canarias, colegios profesionales y entidades del tercer sector para desarrollar la formación y asegurar una atención homogénea en todo el archipiélago.

La nueva regulación refuerza la accesibilidad de la Justicia desde una perspectiva práctica: no solo contempla el acceso físico a las sedes, sino también la comprensión de cada actuación y la posibilidad de participar en igualdad de condiciones.

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Fuente del texto: Boletín Oficial de Canarias, Decreto 145/2026, publicado el 22 de septiembre de 2026, y comunicado oficial del Gobierno de Canarias.

Fuente de la imagen: Gobierno de Canarias, fotografía oficial del Consejo de Gobierno del 15 de septiembre de 2026.