El Parlamento de Canarias ha convalidado el Decreto-ley 5/2026, de 27 de julio, que introduce cambios destinados a agilizar la respuesta de los servicios sociales y del sistema público de dependencia en las islas.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, explicó durante su intervención parlamentaria que la reforma busca adaptar los procedimientos administrativos a la realidad actual, facilitando que los recursos disponibles se incorporen con mayor rapidez al sistema.
Más agilidad sin rebajar las garantías
El Ejecutivo canario sostiene que la nueva regulación no supondrá una reducción de los requisitos exigidos a los centros y servicios. El objetivo es simplificar y modernizar los procedimientos, manteniendo los estándares de calidad, la inspección, el control público y las garantías de las personas usuarias.
Delgado señaló que el Gobierno está ultimando también un nuevo decreto de acreditación de centros y servicios sociales. Esta norma ya ha pasado por el Consejo General de Servicios Sociales y pretende establecer un marco regulador más adaptado a las necesidades actuales.
El 60 % de los recursos, pendiente de acreditación
Uno de los principales retos es la situación administrativa de los recursos vinculados al sistema. Según los datos expuestos por la consejera, aproximadamente el 60 % de los centros y servicios incluidos en los convenios de dependencia con los cabildos se encuentran pendientes de acreditación.
El Gobierno aclara que esta circunstancia no significa que los recursos funcionen irregularmente o que carezcan de condiciones adecuadas, sino que refleja las dificultades administrativas acumuladas y la necesidad de actualizar el modelo vigente.
De los derechos reconocidos a la atención efectiva
La reforma se plantea en un momento en el que Canarias ha avanzado en el reconocimiento de derechos de las personas en situación de dependencia. El siguiente objetivo, según la Consejería, es conseguir que esos derechos se traduzcan cuanto antes en servicios y prestaciones efectivas.
El Decreto-ley convalidado incluye además medidas relacionadas con la fiscalidad y adapta la legislación presupuestaria para facilitar la ejecución de actuaciones financiadas con fondos europeos Next Generation que puedan prolongarse más allá de 2026.
Fuente e imagen: Gobierno de Canarias.